La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha vuelto a pararse en la vereda del frente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FENAOMFRA), con un comunicado en el que menciona a nuestros representados atribuyéndoles ser los causantes del encarecimiento de las frutas y verduras y por ende de la mesa de los argentinos, cuando, en verdad, la cadena de comercialización mayorista, fue la que acercó de manera eficiente, sostenida y a precios formados por la oferta y la demanda, sus productos a la mesa de los argentinos, en plena pandemia por COVID-19.
Y claro que FENAOMFRA quiere mercados transparentes y formales, como, de hecho, lo somos, pero no estamos de acuerdo con el planteo maniqueo (y simplista) de CAME que sostiene que los intermediarios (los mercados concentradores en su comunicado) son los malos de la película. Cualquier estudio serio de seguimiento de precios indica que un operador mayorista toma una ganancia bruta, en promedio, entre el 10 y el 20% del producto. Con ese margen, se sostienen miles de pymes familiares en los mercados encargados de abastecer la mesa de los argentinos todo el año. Es inviable pensar en comercializaciones directas al menos para los grandes centros urbanos y más si pensamos en los nuevos escenarios en donde tenemos consumidores más atentos, conscientes y demandantes. FENAOMFRA trabaja para la mesa de los argentinos. A estas alturas, es un agravio insoportable, por parte de CAME, emitir este tipo de comunicados sin, por lo menos, consultarnos, echando un manto de sospecha injuriosa sobre nuestra masa de trabajadores.
CAME expresa textualmente que en nuestro hay “ausencia de mercados concentradores transparentes” (sic), y echa por tierra todas las veces que desde FENAOMFRA le hemos advertido que está desviando el eje de la discusión.
Los precios se forman por cantidad de producto (oferta) y cantidad de compradores (demanda), y en el medio de la disputa está un “producto vivo y envejeciendo a pasos agigantados hasta su desaparición”. El precio, además de la alta perecibilidad del producto, se forma con múltiples factores: producción y productividad, laboreo previo, estacionalidad, cosecha, post-cosecha, empaque, conservación, exportación, importación, transporte (fletes), calidad, tamaño, madurez, costos de comercialización mayorista, margen minorista (en el que se deben incluir fletes, alquileres, desperdicios, energía eléctrica, etc.) y en toda la cadena la carga impositiva, que en el mismo comunicado, CAME, expresa que “El Estado tiene una participación del 32% llegando al 40% si se suman los tres niveles (nación, provincia y municipio).
Cada vez que un producto (frutas y verduras) parece caro, todos sabemos que ese mismo producto, unos días después se encontrará más barato.
No podemos volver atrás en el tiempo con herramientas y discursos propios del Siglo XX. La mejor forma de defender la mesa de la población es permitir que los mercados concentradores sigan siendo superficies controladas por SENASA (organismo nacional) y los organismos provinciales y municipales que tienen jurisdicción en ellos, cosa que, en la propuesta de CAME, es imposible encontrar la forma en que se fiscalizará la distribución de productos inocuos y aptos para el consumo humano si existiese una venta directa del productor al consumidor. Y agregamos: es improbable que los precios bajen aplicando esta metodología, porque el productor que ocupe ese lugar en la cadena, querrá apropiarse de esa renta.
Culminamos diciendo que CAME no nos representa, y le hemos solicitado que revisen toda la cadena de dónde obtendrán que las diferencias analizadas en el tiempo son mínimas, antes de continuar emitiendo una información que cuenta medias verdades y es probable que esa mitad sea la equivocada.