El día 1 de marzo, referentes de 25 complejos agropecuarios se reunieron en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con motivo de solicitar la reglamentación del Art. 167 de la Reforma Tributaria –Ley 27.430–. La misma aplicaría de manera inmediata el nuevo Mínimo No Imponible (MNI) de $12.000 de salario bruto para las contribuciones patronales. Juan Perlo integró la mesa de discusión como representante de la Federación Nacional de Operadores de Mercados de la República Argentina (Fenaomfra).
En las casi cuatro horas de debate, se reafirmó la necesidad de establecer un MNI para el pago de contribuciones patronales para promover una mayor formalización del empleo rural. “Con la implementación del nuevo mínimo no imponible se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en nuestro caso, por lo general, es de carácter intensivo”, señaló Raúl Robín, titular del sector de Economías Regionales de la entidad.
De esta manera, las producciones primarias accederían a un alivio ante los problemas de rentabilidad y, por ende, competitividad. Asimismo, podrían afrontar los constantes aumentos de costos internos, ya sea de los servicios como de los insumos necesarios para la producción.
Costos energéticos
Además, se propuso discutir los costos de suministro eléctrico de las provincias. Las tarifas de energía tienen tres elementos principales: el precio de la energía regulado por el Ministerio de Energía de la Nación que cubre principalmente los precios de generación; el segundo, el Valor Agregado de Distribución (VAD) que corresponde a las redes locales –capital más costos de operación y mantenimiento de la distribución–, y el tercero, impositivo (IVA y retención de IVA).
El VAD, que es el componente provincial de la tarifa eléctrica, está regulado por los Entes Provinciales Reguladores de la Electricidad (EPRE). “Con los abusos de los entes se manifiestan distorsiones marcadas entre jurisdicciones que castigan directamente al aparato productivo. Esto aísla a los pequeños y medianos productores”, afirmó Robín. A esto se le suman cargos nacionales (IVA) y los locales (Ingresos Brutos, fondos especiales o solidarios, alumbrado público municipal, aportes a líneas de interconexión, entre otros). No otorgan contraprestación a cambio y son proporcionales al consumo, pero en conjunto engrosan la factura de luz hasta en un 70%.
“Todas las tasas atentan fuertemente contra nuestras economías regionales, por ser electrointensivas ante la necesidad de riego. Los altos valores les quitan rentabilidad y competitividad, sobre todo durante el período de altas temperaturas”, finalizó Robín.
Desde la Mesa Ejecutiva de Economías Regionales de la CAME se propuso crear e integrar una Mesa de Producciones Electrodependientes, de participación público-privada, a fin de encontrar soluciones a esta problemática.